El Congreso de los Diputados ha derogado este martes el Real Decreto-ley 16/2025, una norma aprobada por el Gobierno de España que incluía, entre otras medidas, la deducción fiscal en el IRPF para 2026 por la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. La decisión deja sin efecto uno de los principales incentivos fiscales previstos para fomentar la electrificación del parque móvil.
¿Por qué se ha derogado el Real Decreto-ley 16/2025?
La derogación responde a la falta de mayoría parlamentaria suficiente para convalidar el decreto, que formaba parte de un paquete normativo más amplio. Al no lograr el respaldo necesario en el Congreso, el texto ha decaído en su totalidad, incluyendo las medidas fiscales vinculadas a la movilidad eléctrica.
Se trata, además, de un escenario cada vez más habitual: decretos aprobados in extremis que terminan siendo rechazados por razones políticas ajenas a su contenido concreto
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En el sector no ha sido una sorpresa total. Aunque el incentivo era bien valorado, ya existían dudas sobre la viabilidad parlamentaria del decreto, especialmente tras antecedentes recientes de normas económicas que no han logrado ser convalidadas. Aun así, muchas empresas y particulares habían planificado inversiones para. 2026 contando con esta deducción, lo que convierte la derogación en un golpe relevante para la seguridad jurídica.
Muchas empresas y particulares habían planificado inversiones para 2026 contando con esta deducción, lo que convierte la derogación en un golpe relevante para la seguridad jurídica
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Impacto en turismos, furgonetas y camiones
La norma no distinguía por tipo de vehículo. En todos los casos, la deducción era del 15 % sobre una base máxima de 20.000 euros, lo que suponía un ahorro máximo de 3.000 euros, independientemente del precio del vehículo. Estaba pensada principalmente para turismos eléctricos pero su ámbito de aplicación era más amplio. En el caso de los vehículos comerciales, la deducción resultaba atractiva para pymes, reparto urbano y servicios técnicos, que podrían lograr un ahorra significativo.
Los camiones eléctricos también podían acogerse, pero el impacto económico era muy limitado teniendo en cuenta que su precio puede aproximarse o superar los 100.000 euros.
Aunque en el caso de los camiones el ahorro era reducido frente a su coste total, la deducción tenía un valor estratégico y simbólico. Se podía considerar como señal de apoyo institucional a la electrificación del transporte pesado
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¿Qué ocurre con la instalación de puntos de carga?
El RD-ley también incluía una deducción del 15 % por la instalación de puntos de recarga, con una base máxima de 4.000 euros y un ahorro fiscal máximo de 600 euros. Su derogación ralentizará el despliegue de puntos de recarga privados, algo clave para el transporte profesional.
¿Qué puede pasar a partir de ahora?
A corto plazo, el escenario queda marcado por la incertidumbre. Desde el sector se insiste en la necesidad de un marco estable, previsible y plurianual. Especialmente para flotas profesionales, donde las decisiones de inversión se toman a largo plazo.
«No hay que olvidar que hace casi dos años que no hay ayudas para la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses»
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ANFAC considera urgente que sobre la base del consenso se ponga en marcha sin demora el anunciado. Plan AUTO+ y se recupere la deducción fiscal en IRPF, ambos con efectos retroactivos a uno de enero. «Todo ello sin olvidar tampoco que hace casi dos años que no hay ayudas para la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses. Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías», señalan.
