Una vez más, a pocos días de que finalice el año, miles de profesionales del transporte de mercancías por carretera y de otros sectores de actividad siguen sin saber oficialmente si el Ministerio de Hacienda prorrogará el actual límite de facturación anual, fijado en 125.000 euros, que les permite continuar acogidos al régimen de tributación por módulos el próximo año. De no producirse dicha prórroga, la última aprobada in extremis en diciembre del pasado año por el actual Gobierno sería la definitiva, obligando a estos profesionales a tributar por otro régimen fiscal a partir de 2026.
«Esta anomalía está impidiendo a miles de autónomos planificar adecuadamente su situación tributaria para el próximo ejercicio, colocándolos en un escenario de incertidumbre, inseguridad jurídica y riesgo de conflictividad social»
—————————
Las principales organizaciones representativas del sector exigen al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de España la aprobación urgente, y antes de que finalice el año, de un Decreto-Ley que prorrogue el límite de módulos. «Esta medida resulta imprescindible para garantizar los derechos adquiridos de miles de transportistas, evitar vacíos legales y sobresaltos innecesarios y preservar la estabilidad económica y social de un colectivo que representa a más de 30.000 profesionales del transporte por carretera y a sus familias, cuyo desamparo podría derivar en un grave escenario de conflictividad social», aseguran en un comunicado conjunto Fetransa, Fenadismer, y Feintra.
Una nueva regulación normativa
Desde hace años, las organizaciones profesionales representativas del transporte por carretera vienen trabajando para impulsar una nueva regulación normativa en el ámbito tributario que atenúe el impacto de la previsible desaparición del régimen de módulos en España. Sus propuestas plantean un sistema fiscal más justo para los autónomos, que atienda a su capacidad contributiva real e incluya determinadas deducciones derivadas del desarrollo de su actividad. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha atendido estas demandas.
Esta situación anómala e incomprensible ha provocado que, a día de hoy, más de 30.000 transportistas autónomos que tributan por el régimen de módulos —y cerca de 300.000 autónomos en el conjunto de los sectores económicos— se encuentren en un auténtico limbo fiscal. El Gobierno no ha definido un régimen fiscal alternativo ni ha confirmado si se prorrogarán los límites actuales que permiten continuar en módulos hasta la aprobación de dicho sistema alternativo.
