FEGATRAMER, la organización más representativa del transporte de mercancías en Galicia, que integra a cientos de empresas a través de sus asociaciones territoriales (ACOTRADES, ACTC, ASETRANSPO, OPERADORES DE TTE, TRADIME y AETRANS), ha decidido ejercer acciones legales mediante el bufete Gándara Moure. El objetivo es lograr la declaración de nulidad de las dos prórrogas concedidas a AUDASA y, en consecuencia, la nulidad del cobro de peajes por parte de la concesionaria.
El objetivo es lograr la declaración de nulidad de las dos prórrogas concedidas a AUDASA y, en consecuencia, la nulidad del cobro de peajes por parte de la concesionaria
———————–
Vulneración del Derecho Europeo
FEGATRAMER sostiene que estas dos ampliaciones vulneraron la legislación europea y que, al menos la segunda, constituye un fraude de ley, ya que la concesión administrativa debe servir al interés público y no al beneficio económico de la Administración. Por ello, la Federación ha decidido acudir a los tribunales españoles, sin esperar la resolución de la Comisión Europea.
Dictámenes de la Comisión Europea
La Comisión Europea emitió el dictamen [INFR(2021)4052], instando a España a cumplir las normas de la UE sobre concesiones. España amplió la duración de las concesiones de la AP-9 y AP-66 y vendió las empresas concesionarias sin licitación previa ni anuncio público europeo.
Según la Directiva 93/37/CEE y los principios de igualdad y transparencia, estas ampliaciones equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión, lo que requiere un procedimiento de licitación. Al no adoptar medidas correctivas, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
FEGATRAMER considera que la prórroga es nula de pleno derecho y que no debería haberse cobrado peaje alguno a los transportistas y ciudadanos gallegos
———————
Antecedentes de la concesión de la AP-9
La primera ampliación de la concesión se otorgó en 1994, cuando AUDASA era una sociedad estatal. Esta medida compensaba retrasos en la puesta en servicio de los distintos tramos de la autopista mediante una extensión de. 10 años del plazo de explotación.
La segunda ampliación, de 25 años, fue justificada oficialmente para cubrir la construcción del tramo de acceso norte a. Ferrol, la gratuidad de los desplazamientos internos entre Rande y Puxeiros y la implementación de un nuevo sistema tarifario. Sin embargo, esta extensión aumentó el valor de la autopista, facilitando su venta por aproximadamente 1.000 millones de euros, explican desde FEGATRAMER.
El consorcio adquirente debía rentabilizar la inversión y amortizar 963 millones de euros pendientes por la construcción de la autopista. La suma total (1.963 millones) hasta 2023 exigía 98 millones anuales, imposible de alcanzar con la cifra de negocio de. 2002 (92 millones), haciendo que la prórroga resultara imprescindible para la rentabilidad de la concesión.
