La reforma aprobada en 2023 estableció un régimen transitorio de adaptación de nueve años de duración. En los tres primeros años de vigencia se desplegaría progresivamente un sistema de quince tramos que determinan las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo. De este modo se haría la transición hasta el modelo definitivo de cotización por ingresos reales que se producirá como muy tarde en el año 2032. Asimismo se estableció que cada tres años de vigencia se llevaría a cabo una evaluación periódica del nuevo sistema, estando prevista realizar la primera revisión este año 2025. autónomos
Eliminar uno de los puntos más conflictivos
En este sentido, y aprovechando la revisión que se ha de llevar a cabo este año, las federaciones nacionales de transportistas FENADISMER y FETRANSA están llevando a cabo intensas negociaciones tanto con el Gobierno como con los diferentes grupos políticos con el fin de «eliminar uno de los puntos más conflictivos que incluyó la reforma, y que está perjudicando especialmente al colectivo de transportistas autónomos y de otros sectores económicos».
Se refieren a que todos aquellos que, al amparo de la posibilidad prevista en la nueva norma reguladora, optaron por mantener su mayor base de cotización que tenían con arreglo al anterior sistema, al resultar teóricamente más favorable que la calculada mediante el nuevo sistema basado en los rendimientos netos del autónomo, cayeron en «una trampa no advertida en su día». «Con la nueva regulación no se les actualiza con la inflación que cada año se produce. En la práctica supone su congelación de facto y sine die durante todo el periodo transitorio, ocasionando una considerable disminución de las contraprestaciones a las que tuviera derecho, que podrían estimarse en más de un 30% a lo largo de estos nueve años de periodo transitorio», explican.
Según los cálculos de ambas federaciones, esta preocupante situación estaría afectando a alrededor de 50.000 autónomos del sector del transporte por carretera, a los que habría que sumar los miles de autónomos pertenecientes a otros sectores económicos también afectados. «De no revertirse esta injusta medida supondría en la práctica una precarización económica de todas aquellas situaciones que se les puede generar durante su vida laboral, bien sea una prestación por invalidez, o su propia jubilación o pensión de viudedad», advierten.
«De no revertirse esta injusta medida supondría en la práctica una precarización económica de todas aquellas situaciones que se les puede generar durante su vida laboral»
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FENADISMER y FETRANSA remarcan que los principales afectados son los transportistas de mayor edad, que «planificaron su vida laboral en muchos casos hace más de una década, y que ahora de no actualizarse sus cotizaciones conforme a la inflación verán fuertemente mermadas sus rentas de jubilación o invalidez». Ambas Federaciones han instado a garantizarles tanto la actualización anual de sus prestaciones conforme al IPC como el poder seguir acogiéndose a este régimen excepcional de mantenimiento de su mayor base de cotización durante todo el período transitorio establecido.
FENADISMER y FETRANSA exigen al Gobierno que, con ocasión de la actualización del nuevo régimen de cotización que se debe aprobar antes de que acabe este año, «se resuelva esta situación inadmisible»
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