BP tendrá indemnizar a los transportistas

El Juzgado de lo Mercantil (Nº1) de Castellón dictó el pasado 11 de marzo una sentencia por la que condena a la compañía petrolífera British Petroleum (BP) a indemnizar con más de 4 millones de euros a los 3.200 transportistas que se acogieron a la macro demanda colectiva promovida en su día "por los sobreprecios que se han venido aplicando de forma abusiva en España en los últimos años".

En su sentencia, el juez considera demostrado que BP ha cometido una infracción continuada durante más de una década. «Ha causado efectos en forma de sobreprecios variables cuyo promedio por litro de Gasóleo A ha sido de 6,96 céntimos», asegura.  Y añade que en algunos años los sobreprecios estuvieron «próximos a los 10 céntimos por litro». Además, considera correcta la forma del cálculo de los daños y perjuicios efectuada por los peritos, cuyo informe ha utilizado la metodología de comparación diacrónica. Lo califica como un método «robusto y adecuado» dada la gran cantidad de datos aportados por los transportistas (más de medio millón de facturas).

Finalmente, han quedado rebajadas notablemente las peticiones económicas que planteaban inicialmente los transportistas, que fijaban en 8,1 millones de euros el importe de la indemnización por daños y perjuicios. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón.

BP puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón
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Fenadismer califica esta sentencia como «pionera e histórica». Se suma a las actuaciones judiciales que ha venido impulsando contra otros carteles y prácticas restrictivas de la competencia en diferentes sectores económicos. Por último, desde la Federación reclaman que «desde los poderes públicos los mecanismos legales necesarios para facilitar que los consumidores puedan reclamar judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por dichas prácticas abusivas».

Fenadismer califica esta sentencia como «pionera e histórica»
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Una larga historia

Esta actuación judicial se fundamenta en la resolución sancionadora dictada por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia. Posteriormente, fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, abriendo la puerta a que los transportistas pudieran reclamar daños y perjuicios.

 

 

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