Esta medida se ha articulado a través de la instalación de numerosos arcos de control en diferentes vías de Vizcaya, inicialmente en la BI-625 y la N-240 y desde este 1 de julio ampliado a las carreteras A-8, N-636, BI-10 y BI-30 (antigua N-637). El peaje se gestiona mediante el sistema de comprobación de matrícula gracias a la tecnología free-flow instalada en los arcos, la cual calculará el importe en función de la categoría Euro del vehículo, cargando directamente el importe del peaje en la empresa transportista titular del camión sin necesidad de tener que detenerse.
Según los cálculos realizados por Fenadismer, el sobrecoste que supondrá para los autónomos y empresas que transitan por dichas vías será de unos 600 euros mensuales, “lo que tendrá un claro efecto inflacionista, afectando principalmente a los transportistas vizcaínos”.
Nuevos peajes: “Un simple afán recaudatorio”
En esta provincia se suministran anualmente casi 500 millones de litros de gasóleo A, principalmente destinados a los vehículos de transporte, lo que le permite recaudar anualmente a la Diputación Foral nada menos que 150 millones de euros al año sólo por el impuesto de hidrocarburos.
Por ello, desde la Federación consideran que los nuevos peajes aprobados persiguen “un simple afán recaudatorio” de la Diputación de Vizcaya. Recuerdan que el sector del transporte por carretera ya contribuye sobradamente vía impuestos al mantenimiento de las carreteras vizcaínas.
