La Diputación de Guipúzcoa ha admitido que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, después de que el Tribunal Supremo no admitiese el recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de mayo.
Durante todo este tiempo, lejos de reconocer su error, el Gobierno provincial “llevado por una arrogancia inaudita e irresponsable, se ha dedicado a verter descalificativos ofensivos hacia el colectivo del transporte por carretera y a confundir a la opinión pública guipuzcoana con su pretensión imposible de mantener vigente el actual sistema”, aseguran desde Fenadismer.
Desde la Federación valoran positivamente que finalmente la Diputación de Guipúzcoa haya reconsiderado su posición inicial, “que hubiera supuesto incurrir en una desobediencia judicial grave”, recuerdan. Además, reitera su ofrecimiento a abrir una mesa de diálogo con el sector del transporte por carretera para negociar la futura implantación de un nuevo sistema.
Hay que recordar que ante la actitud de las autoridades guipuzcoanas, las asociaciones de transportistas presentaron una querella criminal hace una semana. "Ha debido hacer reconsiderar esa actitud “suicida” y de desafío al Estado de Derecho", apuntan los responsables de la Federación.
