La Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa pública BIDEGI SA, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, “cuando tiene pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -supremo órgano judicial de Euskadi-, la declaró nula y qué dicha resolución es firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable”, afirman desde el CNTC.
En un comunicado los transportistas explican que esta querella “es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política”.
“Ahora prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas”, exponen los responsables del CNTC.
En este escenario, las asociaciones de transportistas agrupadas en el CNTC han decidido acudir nuevamente a los tribunales “para solicitar amparo ante la sinrazón, reclamando el imperio de la ley y del Derecho”.
Los transportistas interponen una querella criminal para tumbar los peajes
El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha anunciado que acaba de interponer una querella criminal ante los Juzgados de Donostia/San Sebastián contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide Iruretagoiena y la empresa pública BIDEGI SA, por hechos que pueden ser constitutivos de delito.
