A este sistema de multas se suman otras medidas que ha propuesto la ministra británica para Pequeñas Empresas, Kelly Tolhurst, como la obligatoriedad para los comités de auditoría de informar de las prácticas de pago en los informes anuales de las compañías.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, se trata de “un hito histórico que tome este tipo de medidas un país como Reino Unido, en el que la gran mayoría de las empresas pagan sus facturas a tiempo y donde en los cinco últimos años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada en pagos atrasados”.
[La morosidad en el transporte marca su máximo anual]
“Conscientes del gran impacto que los retrasos en los pagos pueden tener en la capacidad de una pequeña empresa para planificarse, invertir y crecer, en Reino Unido han sabido comprender que poner fin a la cultura de la morosidad impulsa la productividad de las pymes, elimina barreras al crecimiento y mejora el flujo de efectivo”, añade Cañete.
Así está la situación en España
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete ha recordado a los grupos parlamentarios la necesidad de que en cuanto se forme Gobierno “se agilice” el trámite en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. El compromiso del arco parlamentario —que en su mayoría siempre han manifestado y han llevado en su programa electoral y en los diferentes pactos de Gobierno que han realizado— “debe ser claro y tener su continuidad”, reclama el presidente de la PMcM.
Por ello, “creemos que se tramitará de forma rápida porque, además, no partimos de cero, sino que el trabajo está hecho prácticamente en un 80%, ante lo cual estamos agradecidos, aunque bien es cierto que no se ha podido materializar todavía después de haber pasado dos años desde que la Cámara aprobara su tramitación por unanimidad”, explica.
Cañete ha destacado que la nueva ley traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.
