“La cantidad y variedad de problemas detectados es relevante, afectando a cuestiones tales como el adecuado funcionamiento del dispositivo embarcado, el cálculo de peajes y su facturación, la devolución de dispositivos o la recuperación del depósito abonado para la obtención del dispositivo cuando no se encuentra instalado de forma definitiva en el vehículo”, denuncian desde Fenadismer.
Inmovilizaciones sin procedimiento sancionador
Pero una de las cuestiones que más polémica ha suscitado es la relativa al control por parte de los agentes y el cumplimiento de las sanciones establecidas, “aplicando en algunos casos a un trato discriminatorio de las empresas transportistas extranjeras respecto de las establecidas en Bélgica”, apuntan desde la Federación. Las situaciones más graves se han producido en la Región belga de Valonia, donde se estaban inmovilizado vehículos ante la presunta falta o irregularidad en el pago de la tasa kilométrica en sus carreteras.
Ahora los tribunales belgas, con ocasión de la demanda interpuesta por una empresa transportista, han dictaminado que esta práctica rebasa los límites de una política de control responsable con las garantías de un procedimiento sancionador justo, y han condenado a la Administración de dicho país al pago de una suma de 4.000 euros por los daños ocasionados.
