Las Administraciones públicas competentes en materia de transporte (Ministerio de Fomento y Consejerías autonómicas) establecieron la obligatoriedad de que todas las comunicaciones relativas a trámites de transporte se realicen exclusivamente por vía electrónica, tanto si se trata de sociedades como de personas físicas.
Esta obligación plantea “enormes dificultades” para numerosos transportistas y especialmente para los conductores profesionales, ya que para poder realizar los trámites electrónicamente “se exige disponer de un equipamiento informático importante así como los conocimientos necesarios en materia informática”, explican desde Fenadismer.
Desde la Federación alertan de que últimos meses están surgiendo numerosas empresas privadas que están ofertando sus servicios para “ayudar” a transportistas y conductores profesionales que no pueden realizar los trámites por vía electrónica, con tarifas que en muchos casos triplican el coste de la tasa oficial por el referido trámite.
“Esta situación abusiva es especialmente preocupante en el caso de los conductores profesionales, teniendo en cuenta que aproximadamente 100.000 conductores profesionales deben renovar anualmente su tarjeta de tacógrafo digital, muchos de los cuales son víctimas de estos negocios abusivos que se están ofertando, incumpliéndose de este modo el objetivo de eficiencia y ahorro de costes para los ciudadanos que proclamaba la nueva Ley de Procedimiento Administrativo con la introducción generalizada de la tramitación electrónica administrativa”, aseguran los responsables de Fenadismer.
La tramitación por vía electrónica está dando lugar a abusos en el transporte
La nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que entró en vigor en octubre de 2016, supuso la introducción de forma generalizada de la comunicación electrónica en las relaciones entre la Administración y los administrados.
