Según el jefe de la Delegación Permanente de la Organización Internacional del Transporte, Matthias Madege, “esta normativa debería establecer las reglas y parámetros clave para el desplazamiento de trabajadores en el sector. Es esencial tener en cuenta el carácter altamente móvil del transporte por carretera y minimizar las cargas administrativas que soporta”. Añade que, “de no atender las especificaciones del sector, podría darse una mayor fragmentación del mercado y alargar aún más si cabe las cadenas de subcontratación”.
Por su parte, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera hace hincapié en el hecho de que los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y hasta cuatro fronteras de estados miembro de la U.E. por lo tanto carece de lógica aplicar una normativa como la DDT que está diseñada para trabajadores que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años en un Estado distinto al de origen del trabajador o del país en el que está contratado.
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En palabras del director general de ASTIC, Ramón Valdivia, “cualquier traba que se le ponga al transporte internacional por carretera va contra los intereses de nuestras empresas afiliadas y, por tanto, contra los intereses de la economía española en su conjunto para la cual la actividad exportadora se ha convertido en un verdadero motor de crecimiento”.