Cuevas ha dirigido sendas cartas al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y al ministro del Interior y al de Industria, Turismo y Comercio, José Antonio Alonso y José Montilla, respectivamente, en las que advierte que «el coste estimado por los conceptos de cambio de matrícula, transporte por redistribución de flotas, pérdida de días de alquiler e incremento de la siniestralidad ascendería a 66 millones de euros», en caso de producirse la incorporación de los distintivos autonómicos en las placas de matrículas en los vehículos.
En su opinión, «las actividades empresariales que se verían afectadas por la obligatoriedad de un distintivo territorial en las placas de los vehículos representan más del 7% del PIB y más del 11% del empleo en este país y consideran que sus demandas se verían satisfechas mediante la posibilidad de que aquellos ciudadanos que voluntariamente lo desearan, pudieran distinguir la procedencia de su vehículo incorporando en una parte de la matrícula el distintivo de su Comunidad Autónoma, pudiendo retirarlo en el momento que lo considerasen conveniente».
Para Cuevas, «tanto la racionalidad económica, como la inseguridad que puede provocar nuestra particular situación territorial, aconsejan cautela a la hora de realizar cambios en este ámbito». Cuevas recuerda que todos los sectores implicados y la propia CEOE pensaban que, en lo que a matriculación de automóviles se refiere, «se había resuelto la situación a finales del 2000 con la matrícula única, como lo demuestra el buen funcionamiento del mercado de segunda mano desde entonces y la satisfacción generalizada de empresas y particulares».
