La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) quiere aprovechar los puntos de recarga que las empresas de transporte están instalando en sus propias bases para ampliar la infraestructura disponible para los camiones eléctricos. La idea es que los transportistas puedan compartir sus cargadores con otras compañías cuando tengan capacidad para hacerlo, sin depender exclusivamente de la red pública.
La propuesta forma parte de las recomendaciones que IRU ha presentado a la Unión Europea con motivo de la revisión del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR). La organización reclama una regulación específica para la llamada recarga semiprivada, que dé seguridad jurídica a las empresas que decidan permitir el acceso de terceros a sus instalaciones.
Aprovechar los puntos de recarga que ya tienen los transportistas
La recarga en las bases será fundamental para buena parte de las flotas de camiones eléctricos. Poder cargar los vehículos mientras permanecen estacionados permite a las empresas organizar mejor sus rutas y aprovechar los periodos de inactividad, sin tener que depender siempre de una estación pública.
IRU considera que estas instalaciones podrían tener una segunda utilidad. Por ejemplo, una empresa que disponga de varios cargadores para sus propios camiones podría permitir que otros transportistas los utilizaran cuando estuvieran libres. Así se ampliaría la oferta de puntos de recarga sin necesidad de construir una estación pública en cada ubicación. Eso sí, la organización deja claro que abrir las instalaciones a terceros debe ser una decisión voluntaria. No pretende obligar a los transportistas a compartir sus cargadores, sino establecer unas reglas comunes que faciliten esta posibilidad a quienes estén interesados.
Instalar cargadores en las bases también requiere grandes inversiones
La propuesta de IRU pone sobre la mesa otra cuestión importante: la electrificación del transporte no depende únicamente de que haya más estaciones de recarga en las carreteras. Las propias empresas tendrán que invertir en cargadores, adaptar sus instalaciones y, en muchos casos, aumentar la potencia eléctrica contratada. Estas inversiones pueden resultar especialmente complicadas para las pequeñas y medianas empresas, que deben asumir el coste de los nuevos vehículos y de la infraestructura necesaria para utilizarlos.
IRU ya había advertido de que determinados programas europeos de ayudas no siempre responden a estas necesidades. Algunas convocatorias han priorizado las instalaciones abiertas al público, dejando fuera proyectos de recarga privada o semiprivada en bases de transporte. La organización considera necesario tener en cuenta estas infraestructuras en las políticas europeas de apoyo a la electrificación.
El objetivo es que la falta de puntos de recarga no se convierta en otro freno para la incorporación de camiones eléctricos a las flotas europeas
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El acceso a la red eléctrica sigue siendo un problema
Disponer de espacio para instalar cargadores y de recursos para financiarlos no garantiza que una empresa pueda ponerlos en funcionamiento. También necesita una conexión eléctrica con potencia suficiente, algo que no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se trata de cargar varios camiones pesados al mismo tiempo. Los trámites para ampliar la potencia o conseguir una nueva conexión pueden retrasar los proyectos. Por eso, IRU lleva tiempo reclamando que la planificación de las redes eléctricas tenga más en cuenta las necesidades del transporte profesional y que se agilicen los procedimientos administrativos.
«Los operadores de transporte por carretera están invirtiendo en la transición hacia flotas de cero emisiones mientras afrontan elevados costes iniciales, márgenes ajustados y crecientes presiones operativas. Necesitan un acceso fiable a infraestructuras de recarga que se adapten a sus operaciones», ha señalado Raluca Marian, directora de IRU para la Unión Europea.
Una red de recarga adaptada a las necesidades del transporte
Hasta ahora, buena parte de los esfuerzos europeos se han centrado en desarrollar puntos de recarga públicos, especialmente en los principales corredores de transporte. IRU no cuestiona la necesidad de estas instalaciones, pero considera que las bases de las empresas también deben tener su espacio en la futura red de suministro eléctrico para vehículos industriales.
Para muchos transportistas, cargar en sus propias instalaciones puede ser la opción más práctica, siempre que sus rutas y horarios lo permitan. Y si parte de esa infraestructura puede ponerse a disposición de otras empresas, también podría ayudar a cubrir zonas donde todavía no exista una oferta suficiente de recarga pública para camiones.
La propuesta no implica, por ahora, nuevas obligaciones para los transportistas. Lo que IRU pide a Bruselas es que establezca unas reglas claras para facilitar el uso compartido de las instalaciones y aprovechar mejor las inversiones que las empresas están realizando.
