Se trata de aplicar mecanismos técnicos e instrumentos jurídicos que permitan que un conductor europeo sea identificado y, por lo tanto, sancionado por las infracciones cometidas en un Estado miembro distinto a aquél donde haya matriculado su vehículo.
Esta medida mejorará considerablemente la seguridad en las carreteras europeas y conllevará un cambio positivo del comportamiento tanto de los conductores en tránsito como de los residentes. Además, pondrá fin a la diferencia de trato que suele existir entre estas dos categorías de usuarios de la carretera.
Según Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión responsable de los Transportes, «la seguridad vial nos concierne a todos y constituye una prioridad para la Comisión. En 2001 fijamos el objetivo de reducir a la mitad en diez años el número de muertes en nuestras carreteras. Para conseguirlo debemos esforzarnos más hoy. La Directiva que acabamos de adoptar es un elemento muy importante del conjunto de las medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial en Europa.»
En la actualidad, un conductor que cometa una infracción del Código de la Circulación con un coche matriculado en otro país de la Unión Europea sigue quedando impune, salvo raras excepciones, por no poder determinarse su identidad o comprobarse la dirección de matriculación del vehículo. No solo esta impunidad pone en peligro la seguridad vial, sino que es también discriminatoria respecto a los infractores residentes que sí están sujetos a sanciones.
