Transportes se desentiende de la jubilación anticipada de los chóferes: «No depende de nosotros»

El Ministerio de Transportes ha reconocido que no mantiene ningún tipo de diálogo con los sindicatos para evitar la huelga anunciada para la segunda quincena del próximo mes de octubre. CCOO y UGT reclaman que se activen los mecanismos para que los conductores profesionales puedan adelantar su edad de jubilación.

La secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, se ha desmarcado del asunto y ha asegurado que debe abordarlo el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Entiendo la reivindicación y la he vivido en mi anterior trabajo, pero no depende de nosotros”, ha afirmado en su intervención en el desayuno informativo organizado por Executive Forum,

Serrano no ha hecho ninguna referencia a una posible ‘intermediación’ del Ministerio liderado por Óscar para que los profesionales del transporte y el Ministerio de Trabajo y Economía Social acerquen posturas.

Se movilizarán

CCOO y UGT mantienen su intención de convocar una huelga en octubre. Insisten en que “no es seguro ni para los chóferes, ni para los pasajeros, ni para las mercancías, ni para el resto de personas usuarias de las vías públicas que alguien con una edad de 65 o 67 años (actualmente la edad de jubilación ordinaria) esté al volante de un vehículo más de 8 horas al día sometido a ritmos de trabajo estresantes, a las inclemencias del tiempo y de la circulación».

Escasez de conductores

Al ser cuestionada sobre los conductores profesionales, la secretaria general de Transporte Terrestre evitó profundizar en la problemática de la escasez de chóferes, una cuestión íntimamente ligada a la jubilación anticipada. Desde el Ministerio anunciaron que están analizando por qué el sector no resulta atractivo para los jóvenes, pero pasan los meses y no dan a conocer qué acciones se pueden llevar a cabo para encontrar más profesionales.
Serrano tampoco hizo mención al futuro de las ayudas que ofrece su Ministerio para transportistas autónomos por carretera de mayor edad o en situación de incapacidad que abandonen la actividad. En 2022, su presupuesto alcanzó los 20 millones de euros, pero en la última convocatoria fue de 9,7 millones. «Se quedan fuera de estas ayudas dos de cada tres solicitudes que se presentan”, denuncian desde Fenadismer.

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